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RURALIDAD EN IBEROAMÉRICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 2030

El sector agrícola es la piedra angular que asegura el bienestar poblacional en todos los espacios sociales. Iberoamérica es una región que tiene amplias porciones de territorio rural, el cual garantiza parte del bienestar económico de muchos países de la región. Contrario a reconocer las grandes ventajas, oportunidades, y beneficios que tenemos como región al contar con una gran porción de población rural, y cultivos agrícolas, es mayormente entendido como una característica negativa.

Algunas de las falsas preconcepciones que se han construido a este respecto es que la ruralidad es sinónimo de precariedad laboral y bajas condiciones de vida. En muchos países, es erróneamente percibido como un foco de pobreza, algo que se replica a la percepción de la sociedad civil respecto al desempeño de las labores del campo. Como consecuencia, múltiples trabajadores rurales perciben que su trabajo no es suficientemente meritorio, por lo que motivan a las segundas y terceras generaciones a abandonar el campo. Incluso, se están formando estrategias familiares para motivar a que muchos jóvenes ingresen a un mercado de trabajo de empleos no agrícolas, por considerar que son “mejores” que el trabajo de la tierra. Por eso, las nuevas generaciones perciben la migración a centros urbanos como un objetivo central a sus ambiciones laborales, no viendo en lo rural las potencialidades de crecimiento.

Lamentablemente, las políticas de gobierno se han encargado de terminar de agravar este escenario. Motivo de los obstáculos gubernamentales respecto a la tenencia de tierras han hecho que los jóvenes tengan la voluntad de dejar sus sitios rurales de origen. Como parte de las consecuencias, no solo se pierde población en zonas de alta prioridad nacional, sino que también se interrumpen las tradiciones, la herencia y la unión de núcleos familiares rurales.

Sin embargo, esta situación no es exclusiva de las familias rurales, sino que es parte de una construcción social que considera que el acceso a la educación, a la información y el desarrollo de habilidades es excluyente del escenario rural o agrícola. En la sociedad civil, el trabajar como asalariado agrícola es lamentablemente relacionado con condiciones de trabajo paupérrimas, bajos salarios, atraso tecnológico, condición de trabajo físico, maltrato, bajas condiciones de higiene, geografía insular, altas horas laborales y condiciones extremadamente demandantes, bajas oportunidades de desarrollo, falta de tiempo para actividades varias, dificultades de acceso a ciudades urbanas, entre otros. Este escenario, reproducido a través de los años como consecuencia de centralizar el desarrollo económico en el fortalecimiento de nuevas tecnologías, ignoran la alta importancia que tiene el campo en la sociedad. Por eso, las antiguas estrategias de los estados fueron comúnmente centradas en motivar la migración a centros urbanos, la modernización y explotación de recursos, y no, al mejoramiento de los canales de garantía de derechos de las poblaciones rurales para fortalecer todos los espacios de la sociedad. Un escenario que tiene sus consecuencias, como las mencionadas preconcepciones, aún latentes en la actualidad.

Por eso, con el nuevo compromiso de los estados a reconocer la importancia de las zonas y poblaciones rurales, y al llamado que hacen a unir esfuerzos para contrarrestar las preconcepciones negativas e imaginarios que han sido creados a este respecto, es importante reconocer los desafíos y las oportunidades de este cambio en el foco de atención a cuestiones de cumplimiento de derechos en la región.

Algunos de los datos pueden confirmar, por un lado, los grandes desafíos que demanda la temática de ruralidad. La FAO elabora una recolección de cifras en clave de juventud que explican algunos aspectos que son centrales.

Para comenzar, “unos 30,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años viven actualmente en las zonas rurales de América Latina, representando el 25,3% de la población rural total y un 19,6% del total de jóvenes” (FAO, Pág.9). El nivel demográfico de migración de centros rurales a urbanos es cada vez mayor, con un flujo de habitantes de casi 20 millones en América Latina, de los cuáles la mayoría son jóvenes. Respecto a los que se mantienen en zonas rurales, “cerca de 9,6 millones trabajan en el sector agrícola y 8,2 millones en actividades no agrícolas” (FAO, Pág.11). Y adicionalmente, existe una alta porción, aproximadamente 12 millones que no trabajan en ningún área. Cabe aclarar que los porcentajes cambian significativamente si se transversaliza con un enfoque de género, ya que las mujeres tienen una participación muy baja en el mercado laboral rural. La tasa de desempleo de jóvenes rurales es del 5,3% para los jóvenes y del 8,1% para las mujeres (FAO, Pág.13).

Unas de las causas principales de estas migraciones se deben a la falta de oportunidades laborales y el desempleo en las zonas rurales, aunado a los obstáculos de mejoramiento de sus condiciones de vida. Este escenario, claramente relacionado a la escasa atención del Estado prestada a la garantía de derechos fundamentales en zonas rurales, ha reproducido la desmotivación de la población joven a permanecer allí. Una de las mayores consecuencias es que, en la medida que no tienen garantías, hay una gran porción de jóvenes rurales que no tienen acceso a la seguridad social.

Siendo imprescindible la atención de los estados a solventar las cifras en temáticas de ruralidad desde el enfoque de juventud, y fortalecer los canales de cumplimiento de derechos, han tomado la iniciativa de ratificar las metas de la Agenda 2030 propuestas por las Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por eso, para asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida rural y así formular estrategias para que todos los espacios sociales se complementen y se fortalezcan, los países de Iberoamérica se han propuesto una agenda de cumplimiento, que se recoge en un documento elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) llamado Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este se destacan algunos objetivos propuestos para garantizar un desarrollo sostenible, permanente e inclusivo de toda la población, y en consonancia con este caso particular, la garantía de derechos en materia de ruralidad.

El primer objetivo propuesto, con relación a la temática de ruralidad se denomina Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. En estos aspectos, los estados se comprometen con brindar un marco de cumplimiento efectivo de los derechos, con especial énfasis en factores relacionados con el ODS 3 correspondiente a la Salud y Bienestar poblacional. Este aspecto garantiza la prevención de riesgos en temáticas de enfermedades, mortalidad, higiene, sanidad, y bienestar general de la población. A este respecto, se puede relacionar directamente con los factores que denotan el trabajo de campo como una actividad de alto riesgo para la salud, producto de la actividad física. Con una garantía de derechos íntegra en todos estos espacios, los países van a poder brindar facilidades de acceso a todos los servicios que hoy se perciben como exclusivos de las zonas urbanas y motivan a la población rural a movilizarse para acceder a ellos.

El segundo objetivo se denomina Asegurar una gestión adecuada y sostenible del agua y del saneamiento para todos y todas. A este respecto, existe una gran diferenciación en los niveles

de acceso a servicios de saneamiento, agua potable, y alcantarillado en zonas rurales. Por eso, y alineado con el ODS 6 definido como Agua Limpia y Saneamiento para todos, la garantía a una vida digna es primordial para contrarrestar la falta de acceso a servicios básicos de la población rural. Los índices de los entornos rurales en términos de cobertura son bajos, lo que no solo perjudica la vida de los trabajadores, sino también la opción de trabajos en buenas condiciones.

Relacionado al anterior, otro objetivo que tiene los estados respecto al cumplimiento del ODS 13 Acción por el Clima, se denomina Tomar acción urgente para combatir el cambio climático, uno de los ejes centrales que se prioriza a nivel internacional. Los países más urbanizados reflejan un alza en los niveles de emisión de CO2. Por el contrario, los países que tienen menores emisiones de carbono son aquellos que tienen mayor peso en el sector rural y priorizan el campo como eje fundamental de su política. Por eso, es indispensable que no solo se capacite a las personas del campo para hacer uso consciente de los recursos, sino que también se les reconozca su importante labor en términos de contrarrestar los niveles de contaminación. Así se contribuye conjuntamente a lograr el crecimiento sostenible nacional.

Ahora bien, dicho lo anterior y entendiendo el compromiso de los estados por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los primeros desafíos que se deben priorizar en las agendas de país de Iberoamérica, es lograr que los jóvenes continúen o regresen al campo bajo condiciones prósperas, adecuadas y bajo la garantía sin excepción de todos sus derechos. Para eso, es fundamental que los estados y las instituciones formulen estrategias concretas para mejorar las condiciones de vida y el trabajo rural.

Como bien establece la FAO en su documento de Joven rural:

«Gran parte del instrumental de políticas públicas percibe a los jóvenes rurales e indígenas como grupos vulnerables en vez de verlos con sus fortalezas y oportunidades, y como potenciales actores de desarrollo en su propia comunidad o en el país. Verlos como pobres y vulnerables produce daños en su autopercepción, subvaloraciones de riquezas y círculos viciosos. – Cuando hay un entorno favorable y de apoyo, muchos jóvenes encuentran caminos innovadores para crear un futuro para ellos mismos, y contribuir a las comunidades y sociedades dónde viven.» (FAO, Pág 15)

Bibliografía

SEGIB (2017). Iberoamérica Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.segib.org/wp-content/uploads/LosODSeIberoam–ricaweb.pdf

FAO (2016). Juventud rural y empleo decente en América Latina. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5570s.pdf

Imagen: Andrés Felipe Mestizo García, Colombia.

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“NO DEJAR NADIE ATRÁS”: PUEBLOS INDÍGENAS Y LA AGENDA 2030 EN LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA

Hasta hace poco, los pueblos indígenas no contaban con instrumentos internacionales específicos para la protección de sus derechos. Además de la invisibilización social, cultural y jurídica que aún siguen experimentando a lo largo del mundo, uno de los obstáculos para que este reconocimiento se diera tiene que ver con la ausencia de una definición general y unánime sobre la definición de “pueblo indígena”. De hecho, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en la Asamblea General y ratificada por la mayoría de los Estados miembros en 2007, no se expresa un acuerdo frente a esta categoría.

Sin embargo, retomando los expuesto en espacios internacionales, como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, es posible destacar algunos puntos que dan claridad. Por ejemplo, como lo establece el folleto informativo de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos Indígenas, el principal criterio de reconocimiento es la autoidentificación de los propios pueblos como indígenas. Esto, en relación con la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus prácticas ancestrales y sus identidades étnicas de acuerdo con sus propios marcos culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales; de fortalecer los vínculos con los territorios y los recursos naturales desde sus propias cosmogonías; de mantener la autonomía de sus prácticas sociales, culturales, económicas y políticas frente a las hegemonías nacionales; y de transmitir y usar cotidianamente sus lenguas.

Gracias a este reconocimiento, los derechos de los pueblos indígenas se han ido posicionando en la agenda internacional.

Derechos de los pueblos indígenas: marco internacional de derechos

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un avance fundamental en la progresividad de los derechos humanos y ha permitido que en los últimos 30 años se profundice y amplíe el conocimiento sobre sus necesidades y demandas particulares. Esto ha sido posible, en gran parte, gracias a la creación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en 1982, que tiene dentro de sus funciones más importantes la recopilación de información asertiva para la elaboración de políticas que protejan de manera efectiva sus derechos.

Este Grupo, que cumple sus funciones a través del Consejo de Derechos Humanos y coopera con instancias como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, fue fundamental para la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en 2007, que vincula la protección de los derechos humanos con los pueblos indígenas y sus situaciones concretas, “lo cual contribuye a enmendar su exclusión histórica del sistema jurídico internacional” (Naciones Unidas, 2013, Pág.1).

Este marco funciona como hoja de ruta para que los Estados establezcan dentro de sus prioridades asuntos primordiales para los pueblos indígenas, como la libre determinación; el derecho a las tierras, territorios y recursos; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos colectivos; y el derecho a la igualdad y la no discriminación. Los anteriores se especifican de la siguiente manera:

  1. Libre Determinación: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a establecer libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
  2. Derecho a las tierras, territorios y recursos: “reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, incluidos los que han poseído tradicionalmente, pero en la actualidad están controlados por otros, de hecho, o de derecho”.
  3. Derechos económicos, sociales y culturales: “se afirman los derechos de los pueblos indígenas a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la seguridad social y un nivel de vida adecuado”.
  4. Derechos Colectivos: “Los derechos de los pueblos indígenas tienen, por definición, carácter colectivo. Dicho de otro modo, se confieren a individuos indígenas que se organizan en pueblos”.
  5. Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación: “los pueblos indígenas, a título colectivo e individual, tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos”

Dicho esto, los Estados pactan su compromiso con todos los ejes transversales de derechos, que no solo competen a los pueblos indígenas, sino a toda la población. Esto es fundamental para Iberoamérica, dada la importante población indígena que existe en múltiples países de la región y el creciente compromiso público con la protección de los derechos.

Pueblos indígenas en Iberoamérica: cifras

En el mundo habitan más de 5.000 pueblos indígenas; es decir, 370 millones de personas (Ayuda en Acción, 2018) que representan el 5% de la población mundial. En Iberoamérica son 35 millones, es decir, cerca del 10% del total de la población indígena en el mundo. Por ello, es fundamental conoces los avances y los desafíos que enfrenta la región en torno a la protección de sus derechos, con el finde establecer una agenda asertiva que responda a las necesidades concretas de la región.

Para hacerlo, se pueden retomar los datos del Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPP), gestionado por la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE) en conjunto con el Fondo Indígena. Por otro lado, los datos mundiales oficiales se pueden traer de reportes del Banco Mundial.

Primero, cabe destacar que el país con más pueblos indígenas en Iberoamérica es Bolivia (representan el 41% de la población), seguido de México (representan el 15%) y de Panamá (representan el 12%). La media regional es del 4% y uno de los países con menos población indígena es Brasil (donde representan el 1% de la población).

Así mismo, se puede afirmar que existe una tendencia al crecimiento de poblaciones indígenas en la región debido a los niveles reflejados en la Tasa Global de Fecundidad (TGF) -promedio de niños que nacerían de una mujer durante su vida fértil-. La TGF global del 2016, presentada por el Banco Mundial, refleja que, para ese año, la cifra de fertilidad es de 2,4 nacimientos por mujer en un estándar de medición global. En Iberoamérica, este valor es ligeramente mayor, alcanzando 3,5 nacimientos por mujer en edad fértil.

Sin embargo, contrario a ello, los pueblos indígenas experimentan alarmantes tasas de mortalidad infantil -número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su vida-. En el promedio mundial general, para el año 2015, la media de defunciones era de 7,6 por cada 1000 nacimientos. En Iberoamérica, para los pueblos indígenas, esta cifra aumenta a 23,02. En este respecto, encontramos un importante desafío para la región en términos de protección de derechos.

Otro de los indicadores que vislumbran el acceso a derechos básicos de la población indígena, es la Tasa de Analfabetismo -porcentaje de la población que no sabe leer o escribir-. El porcentaje del Grupo por Edad de jóvenes analfabetos/as es de 5,86%, de 15 a 24 años, y de 12,67%, 25 a 49 años. Una cifra mucho menor respecto al promedio de alfabetización mundial para 2015, que era del 13,8%.

Para ampliar el panorama de acceso a la educación, es importante analizar el índice de porcentaje de jóvenes (15-19 años) que finalizan la primaria. En la región, en promedio, 80,7% de personas indígenas finalizan la primaria; asimismo, el promedio de años de escolaridad indígena en las edades de 15 a 24 años es de 8 años, y de las edades de 25 a 49 años es de 7 años, por lo que puede verse que, tras la culminación de los primeros años de escolaridad, hay un gran desafío en aspectos de acceso a educación secundaria y terciaria.

En adición, se encuentran los datos de la Tasa de Participación Económica -mide el grado de participación de la población mayor de 15 años en el mercado de trabajo-. Respecto a esto, la Tasa regional es 61,7%. Respecto a los pueblos indígenas, el promedio en las edades de 15 a 24 años es de 45% y entre 25 a 34 años es de 67,2%, con un margen de desafío de 32,8%.

Finalmente, es importante mencionar la garantía de los servicios básicos de vivienda. Alrededor de un 22% de viviendas indígenas se encuentran en situación de hacinamiento, el 31% tienen abastecimiento de agua inadecuado, y alrededor de un 47% tienen servicios sanitarios deficientes. Estas altas cifras presentan un llamado de atención a focalizar prioridades en aspectos que son de mayor sensibilidad en las comunidades, y elaborar marcos de acción que ayuden a combatir esta vulneración de derechos en la región.

Entendiendo los múltiples desafíos anunciados y priorizando las particularidades de los pueblos indígenas en cada uno de los países, los Estados han pactado una acción conjunta que describe las acciones, compromisos y realidades a mejorar en relación con los pueblos indígenas de la región. Esta estrategia, que orienta el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) se denomina Cambiar Con Sabiduría: Definiciones Y Lineamientos Estratégicos Para El Período 2017 – 2027.

Cambiar con sabiduría: definiciones y lineamientos estratégicos para el período 2017 – 2027

Este documento constituye una hoja de ruta con los hitos fundamentales que trazan las acciones para que el FILAC pueda organizar sus recursos humanos, técnicos y financieros, optimizando el logro de los objetivos y finalidad para las que ha sido creado. Cabe aclarar que, a pesar de los positivos cambios legales, la región sigue mostrando una gran carencia de políticas públicas inclusivas e interculturales, que, como consecuencia principal, siguen reproduciendo condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad en el común de la vida en Iberoamérica.

Por ello, el FILAC presenta un mapa estratégico concreto concebido en el periodo de tiempo del 2017 al 2027, donde se priorizan áreas a trabajar, que se espera puedan contrarrestar estos escenarios. Los ámbitos de actuación son:

• El Programa de Diálogo y Concertación, que promoverá y profundizará procesos de diálogo nacionales e internacionales tendientes a definir, construir e implementar políticas públicas de relaciones paritarias, coherentes con el reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas (Pág. 23).
• El Programa de Desarrollo Económico con Identidad apoyará el diseño e implementación de procesos e iniciativas promotoras de desarrollo con identidad enfocado al Buen Vivir – Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, coherentes con el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas (Pág. 24).

• El Programa de Educación para la Equidad promoverá procesos de formación, investigación, construcción, sistematización y difusión de los conocimientos, saberes y tecnologías propias para hombres y mujeres indígenas desde epistemologías y metodologías ancestrales e interculturales a través del diálogo horizontal de conocimientos y saberes. También buscará incidir en las instituciones estatales, para la producción de conocimiento bajo condiciones paritarias para la transformación de los Estados, es decir, producir conocimiento para la interculturalidad (Pág. 25).

En estos ámbitos, se espera impactar de manera prioritaria a mujeres y jóvenes indígenas. Estos últimos, definidos como públicos clave de del Fondo.

Por lo mencionado anteriormente, y haciendo hincapié en este documento base, es importante mencionar las estrategias por país de la aplicación de la Agenda 2030 en Iberoamérica para entender la alineación de con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Plan de acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en Antigua, Guatemala el 5 de Abril de 2018, establece en su Objetivo Específico 2, “el incluir la perspectiva de los pueblos indígenas, con especial consideración de las mujeres y jóvenes, en planes nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS” (Pág. 2) . Por ello, es de especial importancia exponer los avances en esta materia.

Agenda 2030 y cumplimiento en Iberoamérica

La Agenda 2030 tiene como principio rector el “NO DEJAR NADIE ATRÁS”. Por este motivo, las agendas de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han transformado para dar mayor visibilidad a los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, dentro de los cuáles se encuentran los pueblos indígenas. Cabe destacar que son las adolescentes y jóvenes indígenas quienes experimentan con mayor intensidad desigualdades de género relacionadas con abuso sexual, embarazo en adolescentes, trata de personas, muertes maternas, femicidios, entre otras (UNDAF PANAMÁ)

Dentro de las acciones que se han tomado para este propósito, se encuentran la estructuración de políticas públicas, el fortalecimiento de los organismos de información y recolección de datos, la fundación de organismos especializados, el fortalecimiento del aparato gubernamental y de las entidades encargadas del seguimiento, evaluación y cumplimiento de los derechos por país, entre otros.

Por esto, es de gran importancia conocer la situación regional respecto a los fenómenos complejos relativos a las personas indígenas de los países de Iberoamérica que se han incluido en las Agendas de Cumplimiento de la Agenda 2030 por país.

Uno de los principales enfoques relacionado con la protección de los derechos de los pueblos indígenas es la articulación de diferentes organismos en la recolección de información adecuada. Por ello, es prioritario generar capacidades para la gestión de conocimiento de los territorios y la promoción de la participación de las poblaciones indígenas en los procesos de toma de decisiones.

Así mismo, se resalta la necesidad de impulsar acciones a fin de contribuir a la explotación de los suelos de manera sostenible, al tiempo que se respetan los espacios sobre los bosques que habitan y prevén el bienestar a las comunidades indígenas. Con esta estrategia, no solo se busca que la economía nacional sea competitiva y sostenible a los estándares de mercado internacionales, sino que igualmente se enfoca el bienestar poblacional sobre el derecho equitativo de propiedad sobre la tierra. Para ello, se prioriza la generación de cadenas de valor, manejo sostenible de los paisajes productivos y la incorporación de todos los actores del desarrollo. La anterior gestión está relacionada a los grupos Interagenciales tanto de los ministerios nacionales, como de los planes estratégicos de ordenamiento territorial.

Al tiempo, no solo es importante en términos de derechos, sino también de participación, ya que se presenta como una herramienta importante a la inclusión de las comunidades en las dinámicas que se gestan desde el gobierno nacional y que competen a todos los ciudadanos. Por ello, es importante que se aumenten los esfuerzos para mejorar la gestión forestal e incrementar el acceso a servicios básicos y la inserción de pequeñas economías aborígenes a las dinámicas de mercado que fortalezcan múltiples áreas nacionales conjuntas. Acción que se encuentra presente y visible en los esfuerzos de país destinado a estos objetivos.

En adición, las agendas se estructuran respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas de ellas que se encuentran más relacionadas con el cumplimiento de derechos indígenas y son resaltadas en programas específicos a este respecto. Los objetivos que se destacan de mención indígena son: el ODS 2 “Cero Hambre”, ODS 4 “Educación de Calidad”, ODS 10 “Reducción de las Desigualdades” y ODS 16 “Paz y Justicia para todos”.

El ODS 2 que establece un mundo con “Cero Hambre”, que se puede explicar aunado al ODS 10 “Reducción de las desigualdades” son una prioridad a los objetivos trazados para el 2030. Una población que tiene hambre es difícil que progrese en los demás espacios de derechos. Por ello, como prioridad respecto al desarrollo inclusivo y sostenible, de producción y consumo de productos agrícolas e industriales, se encuentran las estrategias que han sido adecuadas a las necesidades de los pueblos indígenas. Dentro de ellas, se encuentra aumentar el potencial productivo con valor agregado mediante un desarrollo industrial equilibrado y sustentable que logre una oferta exportable diversificada, resguarde la seguridad alimentaria y apoye a los pequeños y medianos productores y trabajadores rurales mediante el incremento de sus ingresos y la mejora de su calidad de vida favoreciendo el arraigo. Con esta meta se busca aprovechar el reconocimiento nacional y la visibilidad de nuevos colectivos económicos para brindar abastecimiento en todos los derechos básicos de calidad, y combatir la inequidad.

El ODS 4, denominado “Educación de Calidad” establece que de aquí al 2030 se pretenden eliminar las disparidades en la educación con un enfoque de género, para asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, dentro de las que se considera el colectivo indígena. Los países consideran de especial atención el brindar infraestructura y condiciones adecuadas para el acceso a una educación formal de calidad a todos. Por eso, entendiendo las necesidades especiales que suscitan las comunidades indígenas, como lo es la adaptación de los conocimientos a sus lenguas nativas, o incluso la previsión de estructuras de escolaridad cercana a sus lugares de asentamiento, es una de las prioridades de las agendas de país para el verdadero cumplimiento de un país con libre acceso a la educación. Dentro de las estrategias son concebidos tanto la primera infancia, los estudios secundarios, los jóvenes y el acceso a educación terciaria, y los maestros tanto indígenas como no indígenas.

Finalmente, el ODS 16 “Paz y justicia para todos” es un objetivo que se destaca en el cumplimiento de los pueblos indígenas, ya que la promoción de un Estado de derechos en los planos nacional e internacional permite garantizar el acceso a derechos de todos. Por eso, este objetivo promete garantizar la adopción en todos los niveles de decisión inclusivas, participativas y representativas, de marcos de acción especializados a responder a las necesidades de estos colectivos. Por ello, alineado a planes de gobierno, se impulsa la participación política, respetando las particularidades de los métodos de gobernanza en el territorio, para que se junten los esfuerzos y se promueva un liderazgo local garante de derechos sin condición.

Para finalizar, la siguiente información forma parte de los esfuerzos de los organismos internacionales alineados al cumplimiento de derechos, para dar visibilidad a los esfuerzos de los Estados para el cumplimiento de estos. Estamos comprometidos con la protección de los derechos de todas las personas. Por eso, debemos conocer, celebrar y entender la existencia de estos marcos de acción, y alinear las acciones con las metas del 2030.

Bibliografía

Naciones Unidas (2013). Los Pueblos Indígenas Y El Sistema De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas. Folleto informativo N.9. Nueva York y Ginebra.
Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/publications/fs9rev.2_sp.pdf

Ayuda en acción (2018). Derechos de los pueblos indígenas.
Nota de página web disponible en: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/derechos-pueblos-indigenas/

Banco de datos de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe-PIAALC.
Disponible en:
https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/0/36160/P36160.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xsl

Datos libres de acceso del Banco Mundial. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/

FILAC (2017. CAMBIAR CON SABIDURIA: DEFINICIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2017 – 2027.
Disponible en: http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2017/08/plan_filac_2017-2027.pdf
República de Argentina. Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020.
Disponible en:
https://www.undp.org/content/dam/undp/documents/undaf/Argentina%20-%202016-2020.pdf

República de Panamá. Marco de Cooperación para el Desarrollo 2016-2020.
Disponible en: http://www.onu.org.pa/media/documentos/UNDAF-2016-02.pdf

Foto de: Angélica Cuadros Garzón “Angélica CG”.

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La violencia contra las mujeres en Iberoamérica

El 8 de marzo será un día para reivindicar el cese de todas las violencias que sufren las mujeres en el mundo por el mero hecho de serlo. Unas prácticas socialmente normalizadas que vulneran sistemáticamente sus derechos humanos en las esferas cotidianas de la vida, causando daños, sufrimientos y, en última instancia, la muerte de miles de mujeres y niñas cada año.  

Por eso, el movimiento feminista ha situado las violencias como uno de los 4 ejes centrales de las movilizaciones del próximo viernes. El objetivo no solamente es demandar justicia, sino también que las propuestas promovidas desde los colectivos, organizaciones y asociaciones de mujeres para luchar contra esta lacra se posicionen en el centro de la agenda pública.   

Los “feminicidios” son la cúspide de un sistema de dominación que ha situado a los hombres en una posición de poder con respecto a las mujeres. Es un término, por tanto, que pretende incluir la visión de género en la interpretación de un tipo de asesinato que es el resultado de una desigualdad estructural entre los sexos. 

Según datos de la CEPAL, al menos de 2.795 mujeres fueron víctimas del feminicidio en América Latina y el Caribe en 2017; siendo El Salvador, Honduras, Belice, Trinidad y Tobago, Guatemala y República Dominicana, los países con más prevalencia de feminicidios en la región. Por su parte, en España, al menos 44 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2017; y 20 en Portugal.  

Pero la violencia de género tiene varias dimensiones y engloba todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres por su mera pertenencia al sexo femenino. Las manifestaciones son múltiples y varían en función del contexto sociocultural, político y económico en el que nos encontremos. Algunas de las más habituales son: la violencia infligida por la pareja y la violación conyugal; la violencia sexual; el acoso sexual en espacios públicos; la violencia relacionada con la dote; la explotación y la trata; el matrimonio forzado; los denominados crímenes de “honor”; la mutilación genital femenina; o el infanticidio. Y puede ser perpetrada por las familias, las comunidades, los Estados o cualquier actor transnacional. 

Por poner sobre la mesa algunos datos que llaman la atención sobre la magnitud de estas problemáticas, se puede señalar que, según ONU Mujeres, el 20% de mujeres entre 20 y 24 años estuvieron casadas o en una relación estable por primera vez, antes de los 18 años; 7% antes de los 15 años. Así mismo, el 21% de las mujeres entre 15 y 49 años declararon haber sufrido violencia física o sexual a manos de una pareja íntima en los últimos 12 meses.  

La Agenda 2030 constituye un claro compromiso a nivel internacional para erradicar las diferentes formas de violencia cometidas contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, específicamente en el ODS 5 y también a lo largo de otros objetivos (metas 5.3, 11.7, 16.1 y 16.2). Esto porque la eliminación de cualquier tipo de violencia es fundamental para lograr la igualdad de género, uno de los puntos centrales de los ODS.  

También cabe destacar los instrumentos internacionales que han sido desarrollados para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Desde la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el marco de las Naciones Unidas, hasta la Convención Belém do Pará en América Latina y el denominado Convenio de Estambul en Europa.   

A nivel regional, el Tratado Internacional de los Derechos de la Juventud reconoce en su artículo 6 el derecho a la igualdad de género. Y, de forma específica, el Pacto Iberoamericano de Juventud llama a impulsar el protagonismo de las personas jóvenes como promotoras de la cultura de paz, reconociendo el rol central que las y los jóvenes tienen en la transformación de paradigmas y prácticas que sostienen violencias.  

Por su parte, los Estados han reaccionado desarrollando instrumentos legales para eliminar las violencias contra las mujeres. Según un informe del PNUD y ONU Mujeres, 24 de los 33 países en Latinoamérica tienen leyes contra la violencia doméstica y 16 han tipificado penalmente los asesinatos de mujeres como “feminicidios”.  

Estos acuerdos internacionales y legislaciones nacionales han sido importantes no solamente por el reconocimiento y el desarrollo de un marco normativo y de acción, sino también porque han sido utilizados por grupos ciudadanos para presionar en favor de medidas para la igualdad de género y de una transformación estructural de las relaciones de poder que sostienen las violencias contra las mujeres.   

Por ejemplo, el movimiento feminista reclama, entre otras acciones: mecanismos de prevención más eficaces (campañas educativas y de concienciación); mayor financiación; mecanismos de respuesta y atención a las víctimas; formación de profesionales en violencia de género; la transversalización del enfoque de género en la legislación, la justicia y la formulación de políticas públicas, entre otras.  

Está claro que el logro de la igualdad pasa por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es hora de debatir nuevos enfoques, herramientas y mecanismos de actuación que contribuyan a construir una sociedad más justa y resolver un problema social que persiste en todo el mundo.  

Puedes encontrar esta y más información, aquí:  

Feminicidios en América Latina y el Caribe: 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

La violencia contra las mujeres en Latinoamérica: 

http://revistafal.com/la-violencia-contra-las-mujeres-en-latinoamerica/

Feminicidio en España: 

https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras

Prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/AF_CIG_ViolDomestica_A4.pdf  

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer:  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

Convención Belém do Pará:  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Convenio de Estambul:  

https://rm.coe.int/1680462543

Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834  

Imagen de: harmonía.la.

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Saldando deudas con las y los jóvenes iberoamericanos

07/09/2018.- Acapulco, México.

La sociedad iberoamericana arrastra una serie de deudas pendientes con las y los jóvenes. En la región, la pobreza ha pasado del 27% en 2012 al 31% en 2016. El 40% de los que no tienen empleo en la región son jóvenes.  Adicionalmente, 4 de cada 5 embarazos adolescentes no son planeados. Sólo el 34% de los jóvenes pobres termina la educación media superior… En la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, organizada por OIJ, se quiere dar un paso más para saldar esas deudas.

Y es que la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud está suponiendo un cambio de tercio en ese sentido. A través de su articulación, se han conseguido más de trece millones de beneficiarios en las áreas de prevención de violencia y cultura de la paz, salud, sostenibilidad medioambiental, inclusión social y no discriminación,  igualdad de género o empleo y emprendimiento. Durante la Conferencia se evaluarán sus avances, pero, sobre todo, se profundizará en la búsqueda de acciones que permitan a las y los jóvenes tomar las riendas de sus vidas. “Queremos saldar nuestras deudas pendientes con las y los jóvenes de nuestra región. Actuemos en Alianza y pasemos de la competición a la colaboración parar posicionar a las y los jóvenes como protagonistas de la transformación”, afirma Max Trejo, Secretario General de OIJ.

De esta voluntad surge la propuesta de la estrategia Pacto 2030, con la que se pretende conectar el gran acuerdo regional con los objetivos y acciones globales de la Agenda 2030. De esta forma, se responde al llamado de la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a lograr “una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.

Sobre el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Sobre el Pacto Juventud

Sobre la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud

Contacto:

Iván Sánchez López

isanchez@oij.org

www.oij.org         www.juventud.org      #PactoJuventud

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Pacto Juventud 2030

Justo con el fin de facilitar la mejora de las condiciones de las y los jóvenes iberoamericanos, en el 2016 impulsamos la construcción conjunta de una agenda regional en juventud, que fue elaborada con la participación de todos los sectores, especialmente con la participación de las personas jóvenes.
 
Esa agenda se plasmó en el Pacto Iberoamericano de Juventud, aprobado por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y refleja el compromiso de los gobiernos con la transformación de las realidades de las personas jóvenes de la región.
 
 
Como responsable de su articulación política y coordinación técnica, el OIJ, en colaboración con los organismos responsables de juventud de los países, ha puesto en marcha una estrategia de vinculación del Pacto Iberoamericano de Juventud con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que hemos denominado PACTO JUVENTUD 2030.
 

  Para OIJ contribuir con la implementación de la Agenda 2030 implica: 1) centrarnos en lo que es importante para las y los jóvenes; 2) apoyar y fortalecer las capacidades y acciones de los gobiernos miembros; y 3) construir alianzas multiactor bajo formas de trabajo colaborativas.

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