La violencia contra las mujeres en Iberoamérica

El 8 de marzo será un día para reivindicar el cese de todas las violencias que sufren las mujeres en el mundo por el mero hecho de serlo. Unas prácticas socialmente normalizadas que vulneran sistemáticamente sus derechos humanos en las esferas cotidianas de la vida, causando daños, sufrimientos y, en última instancia, la muerte de miles de mujeres y niñas cada año.

Por eso, el movimiento feminista ha situado las violencias como uno de los 4 ejes centrales de las movilizaciones del próximo viernes. El objetivo no solamente es demandar justicia, sino también que las propuestas promovidas desde los colectivos, organizaciones y asociaciones de mujeres para luchar contra esta lacra se posicionen en el centro de la agenda pública.

Los “feminicidios” son la cúspide de un sistema de dominación que ha situado a los hombres en una posición de poder con respecto a las mujeres. Es un término, por tanto, que pretende incluir la visión de género en la interpretación de un tipo de asesinato que es el resultado de una desigualdad estructural entre los sexos.

Según datos de la CEPAL, al menos de 2.795 mujeres fueron víctimas del feminicidio en América Latina y el Caribe en 2017; siendo El Salvador, Honduras, Belice, Trinidad y Tobago, Guatemala y República Dominicana, los países con más prevalencia de feminicidios en la región. Por su parte, en España, al menos 44 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2017; y 20 en Portugal.

Pero la violencia de género tiene varias dimensiones y engloba todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres por su mera pertenencia al sexo femenino. Las manifestaciones son múltiples y varían en función del contexto sociocultural, político y económico en el que nos encontremos. Algunas de las más habituales son: la violencia infligida por la pareja y la violación conyugal; la violencia sexual; el acoso sexual en espacios públicos; la violencia relacionada con la dote; la explotación y la trata; el matrimonio forzado; los denominados crímenes de “honor”; la mutilación genital femenina; o el infanticidio. Y puede ser perpetrada por las familias, las comunidades, los Estados o cualquier actor transnacional.

Por poner sobre la mesa algunos datos que llaman la atención sobre la magnitud de estas problemáticas, se puede señalar que, según ONU Mujeres, el 20% de mujeres entre 20 y 24 años estuvieron casadas o en una relación estable por primera vez, antes de los 18 años; 7% antes de los 15 años. Así mismo, el 21% de las mujeres entre 15 y 49 años declararon haber sufrido violencia física o sexual a manos de una pareja íntima en los últimos 12 meses.

La Agenda 2030 constituye un claro compromiso a nivel internacional para erradicar las diferentes formas de violencia cometidas contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, específicamente en el ODS 5 y también a lo largo de otros objetivos (metas 5.3, 11.7, 16.1 y 16.2). Esto porque la eliminación de cualquier tipo de violencia es fundamental para lograr la igualdad de género, uno de los puntos centrales de los ODS.

También cabe destacar los instrumentos internacionales que han sido desarrollados para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Desde la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el marco de las Naciones Unidas, hasta la Convención Belém do Pará en América Latina y el denominado Convenio de Estambul en Europa.

A nivel regional, el Tratado Internacional de los Derechos de la Juventud reconoce en su artículo 6 el derecho a la igualdad de género. Y, de forma específica, el Pacto Iberoamericano de Juventud llama a impulsar el protagonismo de las personas jóvenes como promotoras de la cultura de paz, reconociendo el rol central que las y los jóvenes tienen en la transformación de paradigmas y prácticas que sostienen violencias.

Por su parte, los Estados han reaccionado desarrollando instrumentos legales para eliminar las violencias contra las mujeres. Según un informe del PNUD y ONU Mujeres, 24 de los 33 países en Latinoamérica tienen leyes contra la violencia doméstica y 16 han tipificado penalmente los asesinatos de mujeres como “feminicidios”.

Estos acuerdos internacionales y legislaciones nacionales han sido importantes no solamente por el reconocimiento y el desarrollo de un marco normativo y de acción, sino también porque han sido utilizados por grupos ciudadanos para presionar en favor de medidas para la igualdad de género y de una transformación estructural de las relaciones de poder que sostienen las violencias contra las mujeres.

Por ejemplo, el movimiento feminista reclama, entre otras acciones: mecanismos de prevención más eficaces (campañas educativas y de concienciación); mayor financiación; mecanismos de respuesta y atención a las víctimas; formación de profesionales en violencia de género; la transversalización del enfoque de género en la legislación, la justicia y la formulación de políticas públicas, entre otras.

Está claro que el logro de la igualdad pasa por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es hora de debatir nuevos enfoques, herramientas y mecanismos de actuación que contribuyan a construir una sociedad más justa y resolver un problema social que persiste en todo el mundo.

Puedes encontrar esta y más información, aquí:

Feminicidios en América Latina y el Caribe:

https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

La violencia contra las mujeres en Latinoamérica:

http://revistafal.com/la-violencia-contra-las-mujeres-en-latinoamerica/

Feminicidio en España:

https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras

Prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica: https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/11/AF_CIG_ViolDomestica_A4.pdf

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

Convención Belém do Pará:

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html