En medio de una coyuntura marcada por crisis migratorias, líderes de más de 150 países se reúnen el 10 y 11 de diciembre, en Marrakech, para adoptar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata de una acción sin precedentes que ha sido centro de controversias, discrepancias y señalamientos desde su inicio, así como de cuestionamientos tanto de forma como de fondo. Algunos países de las Naciones Unidas han decidido no adoptar el Pacto, como Estados Unidos, Israel, Australia, Chile, Hungría, Polonia, República Checa y Bulgaria.  

El Pacto es producto de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes emitida por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016 y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y fue aprobado el 13 de julio de 2018, tras 18 meses de diálogo, negociaciones y consultas entre los Estados, tanto a nivel nacional como local, y con representantes de la sociedad civil, el sector privado y las personas migrantes.  

Está compuesto por 23 objetivos relacionados con las necesidades de la actualidad migratoria, que destacan las razones por las cuales el fenómeno migratorio es importante para el mundo. Así mismo, se especifican diferentes ejes de acción, entre los cuales se encuentran: la cooperación para abordar sus causas y mejorar las vías legales para la migración; compromisos y medidas concretas contra la trata y el tráfico de personas; la lucha contra la separación familiar; la protección de los menores de edad; la detención solamente como última opción; y la garantía del derecho a la salud y la educación de las personas migrantes por parte de los países de destino.  

En cuanto a las personas jóvenes, el Pacto las integra de manera explícita en algunas de sus partes, lo cual es fundamental si se tiene en cuenta que el fenómeno migratorio tiene un rostro cada vez más joven y que, por ello, migración y juventud son dos asuntos interdependientes que requieren ser tratados de manera conjunta. Así, éstas adquieren relevancia cuando se abordan temas como el empleo, la educación y la regularización. 

En primer lugar, para disminuir factores adversos y estructurales que obligan a las y los jóvenes a abandonar su país de origen, produciendo la llamada fuga de cerebros, e impulsar el espíritu empresarial, el emprendimiento y el empleo productivo. En segundo lugar, para brindar acceso a la educación inclusiva, equitativa, no discriminatoria y de calidad. Y, en tercer lugar, para transformar la situación de irregularidad de las personas jóvenes y sus familias, lo cual ayuda a reducir su vulnerabilidad y producir información actualizada y pertinente.  

Este Pacto es el primer acuerdo intergubernamental que traza un camino global para abordar el fenómeno migratorio en sus diferentes dimensiones, reconociendo que existe una corresponsabilidad entre los países, así como necesidades y preocupaciones compartidas. Y, aunque no es vinculante, representa una oportunidad para enfocar la migración con un lente de derechos que permita garantizar la dignidad de las personas migrantes, reforzar su aporte al desarrollo sostenible y mejorar la cooperación internacional en la materia.  

Por ello, a pocas horas de la adopción del Pacto, la representante especial de las Naciones Unidas para la Migración Internacional, Louise Arbour, destacó que su implementación “cambiará para siempre la forma en que la comunidad internacional gestionará la movilidad humana”. Algo con efectos importantes en nuestra región, donde la realidad migratoria tiene especial relevancia y donde el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular puede aportar a su gobernanza.