Cuerpos de mujeres / cuerpos diversos

El control sobre los cuerpos femeninos es un asunto complejo que sigue condicionando la autonomía y la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia vida. La regulación de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido y sigue siendo una forma de dominación que ha instituido las bases del funcionamiento de un sistema heteropatriarcal y capitalista.

De la misma manera, la construcción y la categorización de los cuerpos en términos binarios ha negado la posibilidad de las personas a autodeterminarse y vivir libremente su cuerpo, siendo una fuente de abusos contra los derechos humanos de quienes no se ajustan a los modelos normativos de lo femenino y lo masculino, y a las expectativas socioculturales de género.

Por este motivo, el movimiento feminista ha situado el cuerpo como uno de los 4 ejes centrales de las movilizaciones convocadas para el próximo viernes. El objetivo será reclamar el control sobre nuestros propios cuerpos, en contra de la regulación de la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres y a favor de un acceso libre al aborto. Pero también para que todas las personas diversas, LGTBI, disidentes sexuales y trans sean respetadas, valoradas y reconocidas en plena igualdad.

La Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (Redlactrans) define “transfobia” como todos aquellos comportamientos de intolerancia y desprecio hacia todas las personas que sienten que su identidad de género no se corresponde con el sexo que manifiesta su cuerpo y que salen de las convenciones de lo masculino o lo femenino.

Actualmente, la población LGTBI, los disidentes sexuales y, especialmente, las personas trans, siguen sufriendo discriminación, agresiones y violencias múltiples. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, un total de 2.264 personas trans y género diversas fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2016. Por regiones, en América Latina y Caribe, la mayoría tuvieron lugar en Brasil (900), México (271), Venezuela (110) y Honduras (89). En Europa, Turquía (44) e Italia (32), presentaron las tasas más altas.

Además, los colectivos y asociaciones LGTBI señalan que son las mujeres las más propensas a recibir este tipo de violencias. De hecho, según un informe elaborado por Relactrans, la esperanza de vida media de una mujer “trans” en América Latina se sitúa en los 37 años de edad. También denuncian la falta de un sistema unificado para la elaboración de estadísticas que permitan visibilizar y desarrollar medidas contra este tipo de violencia.

Así mismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), declara que Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) siguen teniendo leyes discriminatorias en las que se penalizan las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo, así como leyes que discriminan con base en la orientación sexual y la identidad de género. En este sentido, afirma que la oposición religiosa, cultural y social suelen ser las causas más comunes contra la derogación de estas leyes.

Por otro lado, la falta de control por parte de las mujeres en todo lo referente a su sexualidad y salud reproductiva es el otro de los puntos clave de reivindicación en torno al eje de cuerpo. Las mujeres sufren presiones, prejuicios, discriminación y violencia social e institucional a la hora de decidir sobre su propio cuerpo; prácticas normalizadas que violan sistemáticamente el ejercicio de sus derechos humanos.

Una de las consecuencias más habituales que tienen que ver con la privación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es el embarazo no deseado en adolescentes. Un fenómeno que, además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es más recurrente entre la población de menos ingresos, lo que evidencia la falta de recursos e información dirigidos a las mujeres pobres más jóvenes.

Según datos de UNICEF, la región latinoamericana presenta la segunda tasa de fecundidad en adolescentes más elevada del mundo, con 65,5 nacimientos por 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años, frente a una tasa mundial de 46 nacimientos en el mismo rango. El Fondo de Población de la ONU estima que un 15% de todos los embarazos anuales en la región ocurre en menores de 20 años y 2 millones de niños/as nacen de madres entre 15 y 19 años.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que un 99% de la mortalidad materna corresponde a países en desarrollo; que esta es mayor en las zonas rurales y las comunidades más pobres; y que, en comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes tienen mayor riesgo.

Es claro que la toma de control de su cuerpo por parte de las mujeres pasa por la libertad de decidir si quieren ser o no madres, cuándo, cómo y con quién, si quieren continuar o no con un embarazo no deseado, garantizando las instituciones responsables, el acceso a servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información.

Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido el aborto en condiciones de riesgo como una preocupación importante de salud pública que amenaza la vida de la mujer, que viola los derechos a su salud, a su privacidad y a ser libres de tratos crueles y degradantes.

En este sentido, un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher indica que cada año se producen 55,7 millones de abortos en el mundo, de los cuales el 45% se realizan sin garantías de seguridad. El 97% de las prácticas inseguras se realizan en Asia, África y América Latina.

La Agenda 2030 constituye un claro compromiso a nivel internacional para garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, como muestra específicamente el ODS 5 (meta 5.6), uno de los compromisos globales para lograr la igualdad de género.

A nivel regional, el Tratado Internacional de los Derechos de la Juventud reconoce en su articulado el principio de no discriminación (artículo 2); el derecho a la igualdad de género (artículo 6); el derecho a la vida (artículo 9), a la integridad personal (artículo 10) y a la protección contra los abusos sexuales (artículo 11); y el derecho a la identidad y personalidad propias (artículo 14), entre otros asuntos prioritarios.

Y, de forma específica, el Pacto Iberoamericano de Juventud llama a la promoción de sociedades justas e inclusivas, sustentadas en la no discriminación de las personas jóvenes en razón de sus identidades. Y a reducir las tasas de embarazo adolescente no deseado, mediante la formulación e implementación de programas que reconozcan y promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes.

A pesar de los mandatos internacionales en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la situación de las legislaciones sobre el aborto en el mundo varía profundamente de unos países a otros. Aunque la mayoría de ellos permiten el acceso al aborto sin restricción, otros establecen únicamente ciertos casos en los cuales el aborto es legal; y unos pocos han promulgado una prohibición total del aborto. Puedes ver un mapa del aborto en el mundo, aquí: https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/11/mapa-del-aborto-en-el-mundo-que-dice-y-como-afecta-la-legislacion-en-los-distintos-paises/

Como se ve, los retos aún son múltiples. Desde el movimiento feminista se reclama, entre otras acciones: el acceso a un aborto legal, seguro, gratuito e informado; la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la implementación de leyes de educación sexual integrales; el reconocimiento de los cuerpos diversos, no binarios, disidentes sexuales, personas LGTBI a una vida digna y libre de violencias. Acciones clave para lograr que la autonomía y libertad sobre el propio cuerpo sea una realidad.

Puedes encontrar esta y más información, aquí:

Observatorio de Personas Trans Asesinadas: