El día 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, aprobó en su pleno 561, la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, convirtiéndose así en el primer estado iberoamericano en ratificar este instrumento que se inscribe en el derecho internacional público de los derechos humanos.
El Protocolo contiene 18 artículos que amplían el espectro de derechos reconocidos por la Convención, en materias como perspectiva de género, discapacidad, salud reproductiva, derechos ambientales, nuevas tecnologías, migración y refugio; así como otros derechos vanguardistas de tercera y cuarta generación. 

Este esquema de protección de derechos, que, si bien ya han sido reconocidos a través de otros instrumentos internacionales, son cónsonos con los principios de progresividad e interpretación pro hominebuena fe y no discriminación, pero también actúa en función de un principio rector en derechos humanos, como lo es la Universalidad. Es así como la existencia de un Protocolo Adicional a la CIDJ no significa en ningún caso la expiración o la inaplicabilidad de los derechos contemplados en la Convención, teniendo en cuenta la ampliación – en términos de interpretación y aplicación – de la protección jurídica que brinda en virtud de las necesidades concretas de este sector de la población.

Además de ser los únicos dos instrumentos internacionales que brindan protección jurídica al sector joven de la población, la Convención y el Protocolo Adicional reafirman la importancia del principio de igualdad formal y material de los jóvenes; eliminan progresivamente las barreras para la participación en la vida política, económica y social del país; promueven mecanismos de inserción laboral y reconocen la diversidad de las personas jóvenes.

De acuerdo con su artículo 15.3, el Protocolo Adicional entrará en vigor tan pronto como cinco (5) estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación. Este primer hito protagonizado por el estado ecuatoriano, incide positivamente en la región, y da pie a que desde los organismos iberoamericanos, principalmente desde el OIJ, pero paralelamente el resto de órganos, se brinde una apuesta mucho más pronunciada por los derechos de la juventud.