El sector agrícola es la piedra angular que asegura el bienestar poblacional en todos los espacios sociales. Iberoamérica es una región que tiene amplias porciones de territorio rural, el cual garantiza parte del bienestar económico de muchos países de la región. Contrario a reconocer las grandes ventajas, oportunidades, y beneficios que tenemos como región al contar con una gran porción de población rural, y cultivos agrícolas, es mayormente entendido como una característica negativa.
Algunas de las falsas preconcepciones que se han construido a este respecto es que la ruralidad es sinónimo de precariedad laboral y bajas condiciones de vida. En muchos países, es erróneamente percibido como un foco de pobreza, algo que se replica a la percepción de la sociedad civil respecto al desempeño de las labores del campo. Como consecuencia, múltiples trabajadores rurales perciben que su trabajo no es suficientemente meritorio, por lo que motivan a las segundas y terceras generaciones a abandonar el campo. Incluso, se están formando estrategias familiares para motivar a que muchos jóvenes ingresen a un mercado de trabajo de empleos no agrícolas, por considerar que son “mejores” que el trabajo de la tierra. Por eso, las nuevas generaciones perciben la migración a centros urbanos como un objetivo central a sus ambiciones laborales, no viendo en lo rural las potencialidades de crecimiento.
Lamentablemente, las políticas de gobierno se han encargado de terminar de agravar este escenario. Motivo de los obstáculos gubernamentales respecto a la tenencia de tierras han hecho que los jóvenes tengan la voluntad de dejar sus sitios rurales de origen. Como parte de las consecuencias, no solo se pierde población en zonas de alta prioridad nacional, sino que también se interrumpen las tradiciones, la herencia y la unión de núcleos familiares rurales.
Sin embargo, esta situación no es exclusiva de las familias rurales, sino que es parte de una construcción social que considera que el acceso a la educación, a la información y el desarrollo de habilidades es excluyente del escenario rural o agrícola. En la sociedad civil, el trabajar como asalariado agrícola es lamentablemente relacionado con condiciones de trabajo paupérrimas, bajos salarios, atraso tecnológico, condición de trabajo físico, maltrato, bajas condiciones de higiene, geografía insular, altas horas laborales y condiciones extremadamente demandantes, bajas oportunidades de desarrollo, falta de tiempo para actividades varias, dificultades de acceso a ciudades urbanas, entre otros. Este escenario, reproducido a través de los años como consecuencia de centralizar el desarrollo económico en el fortalecimiento de nuevas tecnologías, ignoran la alta importancia que tiene el campo en la sociedad. Por eso, las antiguas estrategias de los estados fueron comúnmente centradas en motivar la migración a centros urbanos, la modernización y explotación de recursos, y no, al mejoramiento de los canales de garantía de derechos de las poblaciones rurales para fortalecer todos los espacios de la sociedad. Un escenario que tiene sus consecuencias, como las mencionadas preconcepciones, aún latentes en la actualidad.
Por eso, con el nuevo compromiso de los estados a reconocer la importancia de las zonas y poblaciones rurales, y al llamado que hacen a unir esfuerzos para contrarrestar las preconcepciones negativas e imaginarios que han sido creados a este respecto, es importante reconocer los desafíos y las oportunidades de este cambio en el foco de atención a cuestiones de cumplimiento de derechos en la región.
Algunos de los datos pueden confirmar, por un lado, los grandes desafíos que demanda la temática de ruralidad. La FAO elabora una recolección de cifras en clave de juventud que explican algunos aspectos que son centrales.
Para comenzar, “unos 30,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años viven actualmente en las zonas rurales de América Latina, representando el 25,3% de la población rural total y un 19,6% del total de jóvenes” (FAO, Pág.9). El nivel demográfico de migración de centros rurales a urbanos es cada vez mayor, con un flujo de habitantes de casi 20 millones en América Latina, de los cuáles la mayoría son jóvenes. Respecto a los que se mantienen en zonas rurales, “cerca de 9,6 millones trabajan en el sector agrícola y 8,2 millones en actividades no agrícolas” (FAO, Pág.11). Y adicionalmente, existe una alta porción, aproximadamente 12 millones que no trabajan en ningún área. Cabe aclarar que los porcentajes cambian significativamente si se transversaliza con un enfoque de género, ya que las mujeres tienen una participación muy baja en el mercado laboral rural. La tasa de desempleo de jóvenes rurales es del 5,3% para los jóvenes y del 8,1% para las mujeres (FAO, Pág.13).
Unas de las causas principales de estas migraciones se deben a la falta de oportunidades laborales y el desempleo en las zonas rurales, aunado a los obstáculos de mejoramiento de sus condiciones de vida. Este escenario, claramente relacionado a la escasa atención del Estado prestada a la garantía de derechos fundamentales en zonas rurales, ha reproducido la desmotivación de la población joven a permanecer allí. Una de las mayores consecuencias es que, en la medida que no tienen garantías, hay una gran porción de jóvenes rurales que no tienen acceso a la seguridad social.
Siendo imprescindible la atención de los estados a solventar las cifras en temáticas de ruralidad desde el enfoque de juventud, y fortalecer los canales de cumplimiento de derechos, han tomado la iniciativa de ratificar las metas de la Agenda 2030 propuestas por las Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por eso, para asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida rural y así formular estrategias para que todos los espacios sociales se complementen y se fortalezcan, los países de Iberoamérica se han propuesto una agenda de cumplimiento, que se recoge en un documento elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) llamado Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este se destacan algunos objetivos propuestos para garantizar un desarrollo sostenible, permanente e inclusivo de toda la población, y en consonancia con este caso particular, la garantía de derechos en materia de ruralidad.
El primer objetivo propuesto, con relación a la temática de ruralidad se denomina Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. En estos aspectos, los estados se comprometen con brindar un marco de cumplimiento efectivo de los derechos, con especial énfasis en factores relacionados con el ODS 3 correspondiente a la Salud y Bienestar poblacional. Este aspecto garantiza la prevención de riesgos en temáticas de enfermedades, mortalidad, higiene, sanidad, y bienestar general de la población. A este respecto, se puede relacionar directamente con los factores que denotan el trabajo de campo como una actividad de alto riesgo para la salud, producto de la actividad física. Con una garantía de derechos íntegra en todos estos espacios, los países van a poder brindar facilidades de acceso a todos los servicios que hoy se perciben como exclusivos de las zonas urbanas y motivan a la población rural a movilizarse para acceder a ellos.
El segundo objetivo se denomina Asegurar una gestión adecuada y sostenible del agua y del saneamiento para todos y todas. A este respecto, existe una gran diferenciación en los niveles
de acceso a servicios de saneamiento, agua potable, y alcantarillado en zonas rurales. Por eso, y alineado con el ODS 6 definido como Agua Limpia y Saneamiento para todos, la garantía a una vida digna es primordial para contrarrestar la falta de acceso a servicios básicos de la población rural. Los índices de los entornos rurales en términos de cobertura son bajos, lo que no solo perjudica la vida de los trabajadores, sino también la opción de trabajos en buenas condiciones.
Relacionado al anterior, otro objetivo que tiene los estados respecto al cumplimiento del ODS 13 Acción por el Clima, se denomina Tomar acción urgente para combatir el cambio climático, uno de los ejes centrales que se prioriza a nivel internacional. Los países más urbanizados reflejan un alza en los niveles de emisión de CO2. Por el contrario, los países que tienen menores emisiones de carbono son aquellos que tienen mayor peso en el sector rural y priorizan el campo como eje fundamental de su política. Por eso, es indispensable que no solo se capacite a las personas del campo para hacer uso consciente de los recursos, sino que también se les reconozca su importante labor en términos de contrarrestar los niveles de contaminación. Así se contribuye conjuntamente a lograr el crecimiento sostenible nacional.
Ahora bien, dicho lo anterior y entendiendo el compromiso de los estados por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los primeros desafíos que se deben priorizar en las agendas de país de Iberoamérica, es lograr que los jóvenes continúen o regresen al campo bajo condiciones prósperas, adecuadas y bajo la garantía sin excepción de todos sus derechos. Para eso, es fundamental que los estados y las instituciones formulen estrategias concretas para mejorar las condiciones de vida y el trabajo rural.
Como bien establece la FAO en su documento de Joven rural:
«Gran parte del instrumental de políticas públicas percibe a los jóvenes rurales e indígenas como grupos vulnerables en vez de verlos con sus fortalezas y oportunidades, y como potenciales actores de desarrollo en su propia comunidad o en el país. Verlos como pobres y vulnerables produce daños en su autopercepción, subvaloraciones de riquezas y círculos viciosos. – Cuando hay un entorno favorable y de apoyo, muchos jóvenes encuentran caminos innovadores para crear un futuro para ellos mismos, y contribuir a las comunidades y sociedades dónde viven.» (FAO, Pág 15)
Bibliografía
SEGIB (2017). Iberoamérica Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.segib.org/wp-content/uploads/LosODSeIberoam–ricaweb.pdf
FAO (2016). Juventud rural y empleo decente en América Latina. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5570s.pdf
Imagen: Andrés Felipe Mestizo García, Colombia.
