Lo que las cifras dicen y lo que esconden: Violencias contra las personas LGTBIQ en la región iberoamericana

Aún con importantes avances legislativos en materia de derechos, respaldados por los marcos internacionales e impulsados por las diversas movilizaciones sociales en contra de los crímenes por homofobia o transfobia, la región iberoamericana presenta un diagnóstico crudo de violencias contra las personas LGTBIQ. Así lo dejan ver los siguientes datos.

Por ejemplo, en Brasil, el país que encabeza la lista de crímenes de odio registrados, el Grupo Gay de Bahía calcula que el número de personas asesinadas ha aumentado en un 113% entre 2005 y 2010, y que entre 1980 y 2009 se contabilizaron 3.196 crímenes. En 2018, 320 personas LGTBIQ fueron asesinadas y en 2019 se han contabilizado 126 asesinatos. La misma organización señala que , actualmente, se suicida o es asesinada una persona LGTBIQ cada 19 horas.

En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, los ataques por motivos de identidad de género u orientación sexual se multiplicaron por tres en 2017, registrándose 298 casos frente a 92 en 2015. Por su parte, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación elaboraron el informe “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad” en el que señalan que entre 2006 y 2014 hubo 398 casos de violencia policial hacia personas LGTBIQ; que entre 2013 y 2014, 164 personas LGTBIQ fueron asesinadas; en 2015, fueron 110 – la cifra más alta desde 2012-; y ese año se registraron 1795 personas LGTBIQ en el registro Único de Víctimas del conflicto armado.

Por su parte, la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana publicó un informe en 2015 donde se denunciaba que en los últimos 19 años se han registrado 1218 homicidios en México, poniendo al país en el segundo lugar respecto a crímenes de odio en la región. Aparte, la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) estima que de 3 a 4 casos no son reportados por cada uno del que se tiene conocimiento. De estos 1218 homicidios, 976 asesinados eran hombres, 226 personas transgénero y transexuales, y 16 mujeres. Se señala, además, que el bajo número de mujeres en esta cifra se explica porque la mayoría de los asesinatos de mujeres se registran por feminicidio y no por crímenes homofóbicos.

Asimismo, se sabe que la mayoría de los casos registrados (266) corresponden a personas entre 30 y 39 años, casi la misma cifra (261) que de personas entre 18 y 29 años. Se registraron también 170 personas asesinadas entre 40 y 49 años, 105 de personas entre 50 y 59, 74 personas mayores de 60 años, 23 menores de edad y 319 casos sin registro de edad.

En el caso hondureño, en abril de 2019 ya se habían registrado 6 asesinatos a personas LGTBIQ. La ONG Cattrachas cifra en 292 las personas LGTBIQ asesinadas entre 2009 y 2018: 162 hombres homosexuales, 92 personas trans y 30 lesbianas, y señalan que solamente 65 casos han sido judicializados.

En lo que llevamos del año también se han registrado 4 asesinatos a transexuales en Uruguay, cifra que sorprende en el clima legal y social del país y que alerta de la escalada de violencia en el territorio.

En Argentina, fueron asesinadas 67 personas LGTBIQ en 2018, con un porcentaje alto de mujeres trans. En las estadísticas del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se hace alusión también a la responsabilidad estatal de la muerte de 43 mujeres trans por ausencia y/o abandono estatal, e incluyen también la cifra de 7 suicidios en el año pasado, aparte de señalar las 80 agresiones y ataques contra personas LGTBIQ que no acabaron en asesinato. En lo que va de 2019, se han contabilizado 32 crímenes de odio en el país.

Este año, se han contabilizado en El Salvador cinco asesinatos de personas LGTBIQ. La directora de ASPIDH (Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano) explicaba en 2015 que desde 1996, cuando empezaron a llevar un registro de crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ, se tiene noticia de 500 casos que no han quedado resueltos por autoridades.

En República Dominicana, se contabilizaron al menos 25 asesinatos a personas LGTBI desde 2006 a 2015, y 8 entre 2017 y 2018, cifras que, se cree, serían mucho más altas si pudiese llevarse un registro real no solo de asesinatos, sino también de ataques y agresiones.

En Guatemala, en 2018 fueron asesinadas al menos 22 personas LGTBIQ y 17 asesinatos más se han registrado en 2019. Stacy Velásquez, de la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS), apuntó que entre 2015 y 2018 se han producido 22 asesinatos a personas trans, y 200 ataques.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), a través del XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, registró que, en 2018, en Chile, se habían producido 698 casos de violencias y abusos, un 44% más que en 2017. En estas denuncias se contemplan 3 asesinatos, 58 ataques físicos y verbales, y también incluyen casos de abuso policial (16), o situaciones de marginación institucional (271). Gracias a estos informes se visibilizan las múltiples caras de la violencia hacia la comunidad LGTBIQ.

En el caso español, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y el Observatorio Redes Contra el Odio, presentaba en 2018 el informe “La cara oculta de la violencia contra el colectivo LGTBI” para indicar que en torno al 60/80% de los delitos de odio no se denuncian. El colectivo FELGTB ha registrado 629 casos de abuso y discriminación en los últimos años. Mientras que las cifras oficiales hablan de 230 en 2016 y 169 en 2015.

Hay otras realidades importantes que traer a la reflexión. Por un lado, la realidad de las personas jóvenes, ya que, según el Registro de Violencia contra Personas LGBT, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 80% de las personas trans asesinadas en la región son menores de 35 años. Lo que nos da el diagnóstico de que quienes sufren principalmente crímenes por transfobia en el territorio iberoamericano, tienen rostro de adolescentes y jóvenes iberoamericanos.

En el Sistema de información, la CIDH señala entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2014, en los 25 estados de la OEA, hubo 770 actos de violencia contra personas LGTBIQ, 594 asesinatos de los cuales 283 fueron hacia hombres gay, o percibidos como homosexuales; 282 hacia mujeres trans; y 55 hacia mujeres lesbianas o percibidas como tal. Se señala también la dificultad para registrar el caso de mujeres lesbianas asesinadas por cómo se tipifican los crímenes y no existe en el registro un solo caso de homicidio hacia hombres trans. El registro contempla también 43 casos de abuso policial.

Otra realidad que atraviesa todos los casos de violencia contra las personas LGTBIQ en el territorio es el ensañamiento, ya que las estadísticas y los análisis apuntan que los cuerpos encontrados suelen estar quemados, torturados, atados, mutilados, o violados, lo que demuestra que no se busca simplemente eliminar ese cuerpo, sino que se hace desde una ira, rabia y violencia desmedida, que busca humillar y borrar cualquier rastro de identidad de la persona asesinada y de lo que ella representa.

Ante estos datos y cifras estadísticas, que aparte de generar un impacto instantáneo ofrecen realidades desde donde analizar los contextos iberoamericanos, se debe reconocer la necesidad de fortalecer los mecanismos estatales para registrar los actos y crímenes de odio hacia las personas LGTBIQ, ya que son escasos . De hecho, suelen ser colectivos, organizaciones y asociaciones quienes abarcan el trabajo de visibilizarlos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los mecanismos de denuncia no siempre protegen a quienes acuden a reportar, dejando a numerosas personas en una situación de vulnerabilidad física y emocional. El debate en torno a la ley estatal y la ley social es complejo y continuo, ya un marco de derechos protege y respalda, pero si no hay un cambio social a menudo estos mecanismos se hacen inaccesibles, generando que la inmensa mayoría de ataques violentos y homicidios sean invisibles, que no haya constancia ni denuncia, y que, por lo tanto, no entren en estadísticas oficiales. Es una responsabilidad del estado generar políticas públicas que incidan en la mejora de la vida de sus sociedades, y en este caso particular, apoyar la creación de observatorios, informes, y material pertinente para conocer el verdadero alcance de estas violencias y plantear medidas urgentes desde ese conocimiento.

En consecuencia, teniendo en cuenta que las cifras presentadas probablemente no estén dando cuenta de las realidades complejas de los diferentes estados, debemos afrontarlas con una mirada analítica y crítica, reflexionando sobre lo que no aparece y sobre lo que no se hace explícito, pero existe, y hace todavía más pertinente la lucha en contra de la discriminación hacia las personas LTBIQ.

Igualmente, es importante implementar instrumentos como el Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, que brindan un marco de protección desde el cual poder posicionarnos para garantizar que los crímenes de odio hacia jóvenes LGTBIQ no se cometan, tal y como está recogido en el artículo 3, relativo al derecho de las y los jóvenes a elegir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género, llamando a los Estados Parte a prevenir y sancionar todas las formas de discriminación contra ellas y ellos; y en el artículo 4, enfocado en la igualdad de género.

Fuentes consultadas:

https://www.dw.com/es/ong-un-brasileño-es-asesinado-cada-25-horas-por-homofobia/a-38880129 https://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-brasil-vota-favor-criminalizar-homofobia-pais-201905251334_noticia.html https://www.eltiempo.com/datos/cifras-de-crimenes-contra-la-comunidad-lgbt-en-latinoamerica-159558 http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/registro-violencia-lgbt.html http://colombiadiversa.org/sinviolencialgbt/index.html https://latinamericanpost.com/es/23818-latinoamerica-dice-no-a-la-violencia-contra-la-comunidad-lgbt