En qué punto estamos y qué es lo que reclaman los movimientos sociales Iberoamericanos en materia de derechos.

El 28 de junio de este año se cumplieron 50 años de un acontecimiento que cambió la historia de nuestras sociedades y de las personas gais, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros: los disturbios en el bar StoneWall Inn en Nueva York; un pequeño oasis de respeto y convivencia que se había convertido en el punto de encuentro de personas jóvenes que vivían diariamente la opresión y la discriminación en sus cuerpos, ya fuese por su orientación sexual, su identidad de género, sus orígenes o su condición social.

Cansadas de los abusos y las violencias a la que estaban sometidas por parte de las autoridades locales, esa noche decidieron decir basta y alzar sus voces de resistencia por la reivindicación de sus derechos. Esta fue la primera gran protesta desarrollada con este propósito y, desde entonces, un símbolo de lucha ante un mundo hostil que hace del silenciamiento y la exclusión asuntos cotidianos. Por esta razón, esta fecha ha sido elegida en muchos países del mundo para conmemorar el día del Orgullo LGTBIQ+.

Tras medio siglo de luchas y nuevos avances sociales, esta es una oportunidad para preguntarnos cómo ha evolucionado el reconocimiento de los derechos relacionados con la diversidad sexual y de género, y, en este marco, cómo se experimentan sus vulneraciones según el contexto social y territorial que habitemos. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido durante estos años en nuestra región? ¿en qué estamos? ¿cuáles son las deudas pendientes y aquellos asuntos en los que es necesario hacer un mayor énfasis?

Para explorar estas preguntas, veamos qué es lo que los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de algunos países iberoamericanos reclaman para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+.

En España, por ejemplo, las manifestaciones convocadas por organizaciones como el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) giraron en torno a la aprobación de una Ley Estatal LGTBI, principalmente centrada en las personas trans y en los sectores más vulnerables, e hicieron hincapié en la importancia de no dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos adquiridos. Asimismo, enfatizaron la actualización de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, buscando garantizar el principio de autodeterminación de género y la despatologización de identidades trans ya que con la actual ley se exige tener un diagnóstico médico de disforia de género y haber realizado dos años de tratamiento hormonal.

En este sentido, se destaca que, según un estudio realizado por la FELGTB y Médicos del Mundo, las mayores necesidades identificadas por las personas trans en materia de derechos están en el ámbito sanitario: cerca del 50% de las personas anulan sus citas médicas por miedo a sentirse discriminadas en la consulta; el 20% las anulan por miedo a que se les llame por un nombre que no es el suyo; el 16 % para evitar que se les falte al respeto; y el 14 % por temor a visibilizarse como persona trans.

Por otro lado, desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, organizada por Madrid Summit, se visibilizó la situación de las personas LGTBIQ+ en Latinoamérica, así como de la homofobia y la transfobia, reuniendo a líderes y lideresas sociales y políticas de diferentes países. Allí se manifestó que el estado de las cosas en Centroamérica es especialmente complicado ya que, a menudo, las personas son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por su orientación sexual e identidades de género. Al respecto, el activista Gabriel Escobar, de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis) del Salvador, señaló que en su país existe un desplazamiento forzado de personas LGTBIQ+ y llamó a la solidaridad con las personas refugiadas y a no caer en la xenofobia.

Se ha querido también enfocar las identidades indígenas para poner sobre la mesa perspectivas de género diferentes y disidentes frente al binarismo sexual. En este sentido, la activista mexicana muxe, Amaranta Gómez, explicó que en su cultura indígena zapoteca ser muxe es una identidad de género que precede a las categorías LGTBI y que se considera como un tercer sexo. De esta forma señaló que en Latinoamérica existen otras diversidades sexuales e identidades que deben ser escuchadas y respetadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el promedio de vida de las personas trans es de 32 a 36 años y que, en general, las personas LGTBIQ+ aún son marcadas sistemáticamente por una cultura del racismo y el clasismo que se traduce en carencias de acceso a servicios básicos como la justica, la salud o la educación.

Nuestra región ha vivido grandes avances en las últimas décadas en cuanto al reconocimiento de los derechos jurídicos de las personas LGTBIQ+, como la aprobación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, siendo Ecuador el país con la más reciente aprobación. Sin embargo, los movimientos sociales están llamando la atención frente a un posible estancamiento y retroceso debido a crecientes políticas discriminatorias y a los discursos de odio aún vigentes, lo cual puede generar olas de discriminación, homofobia y transfobia. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel esencial para velar por el cumplimiento de los derechos humanos y dar visibilidad a las diferentes situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Esto, en sintonía con enfoques de transversalidad e interseccionalidad que incluyan a todos los grupos y diversidades y den cuenta de las diferentes formas de presión que viven.

No obstante, es de señalar que las personas defensoras de derechos humanos también están en permanente riesgo, como lo mostró, por ejemplo, el asesinato de la diputada y activista Marielle Franco, símbolo de lucha contra la desigualdad social, el racismo, la xenofobia y homofobia. Por ello, las organizaciones sociales piden leyes antidiscriminatorias y políticas de seguridad efectivas, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh) que, en la lectura del manifiesto en la Marcha del Orgullo en Santiago, mostró su preocupación contra las violencias que afectan a las personas LGBTIQ+ y reclamó plena igualdad legal.

Otras vulneraciones que enfrentan las personas LGBTQ+, principalmente las personas trans, tienen que ver con el acceso a la educación, al mercado laboral y a la atención sanitaria de forma integral. Según la Red LacTrans, entre el 44% y el 77% de las/os niños/as trans son expulsados/as de sus hogares, afectando esto varios ámbitos de sus vidas; mientras que sólo 1 de cada 5 personas trans terminan el nivel inicial de educación y 1 de cada 4 la secundaria. Por otro lado, el Informe Trans 2018 de Stonewall señala que el 51% de las personas trans ha ocultado su identidad en el trabajo por temor a la discriminación, dado que enfrentan obstáculos asociados a la incomprensión de las identidades de género no binarias.

En cuanto a la salud, Red LacTrans enfatiza que la falta de acceso a los sistemas sanitarios obliga a estas personas a hacer tratamientos de forma clandestina, poniendo en riesgo sus vidas, siendo las mujeres las más afectadas. Se estima que la prevalencia de VIH entre las mujeres trans de la región oscila entre el 8% y el 23%, y que hay pocos programas de apoyo que abordan sus necesidades específicas; además, estos programas rara vez incluyen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva o a servicios de prevención, pruebas y tratamiento de VIH.

La denegación del acceso a los derechos básicos a las personas trans en América Latina y el Caribe es una de las consecuencias del no reconocimiento legal de sus identidades de género. Por ello, Marcela Romero, Coordinadora de Red Lac Trans, ha exigido a los países la adopción de leyes específicas para ello, declarando que “en países en los que se ha logrado el reconocimiento legal de la identidad de género afirmada, las personas trans disfrutan de una esperanza de vida mayor. Ya que estas leyes reconocen a las personas transgénero como seres humanos (como ciudadanos), incluyen a las personas trans en los programas de los gobiernos y reducen la transfobia, el estigma y la discriminación”.

Los colectivos y organizaciones que defienden los derechos de las personas LGTBIQ+ en nuestra región han sido testigos en el pasado y en el presente de todo este proceso de lucha. Ahora coindicen en pedir políticas públicas para que el futuro sea más esperanzador. Las nuevas generaciones de jóvenes están involucradas y comprometidas en la lucha por los derechos, son las impulsoras del cambio social y es fundamental que se les de visibilidad y participación en los espacios públicos. Además, es clave que tengan a la mano instrumentos como el Tratado Internacional de derechos de la juventud para exigir sus derechos. Porque las reivindicaciones de las personas LGTBIQ+ no solo engloban el derecho y la libertad de amar sin restricciones, sino el derecho a ser plenamente, en sus propios términos. Así lo decía Alberto Mira: “Lo nuestro no va sólo de amor, va de derechos”.

 

Fuentes consultadas:

https://www.shock.co/cultura-pop/mes-del-orgullo-lgbti-hay-razones-para-celebrar-en-colombia-ie39

https://www.eltiempo.com/datos/cifras-de-crimenes-contra-la-comunidad-lgbt-en-latinoamerica-159558

https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish_v4.pdf

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/03/28/logros-retrocesos-y-desafios-de-la-comunidad-lbgt-por-que-importan-a-toda-la-sociedad/

https://www.medicosdelmundo.org/personas-trans-evitan-citas-medicas-para-no-sentir-discriminacion

http://redlactrans.org.ar/site/

https://www.eldiario.es/clm/Amaranta-Gomez-promedio-personas-Latinoamerica_0_917258971.html

https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/october/transgender-rights