CLIQUEA AQUÍ Y DESCARGA LOS PÓSTERS DEL 8M

Porque fueron, somos… porque somos, serán 

Hace 25 años, 189 países del mundo aprobaron una agenda visionaria y exhaustiva para garantizar los derechos de todas las mujeres y lograr la igualdad de género: la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.  

 Hace 5 años, 193 países asumieron el compromiso de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas como requisito para lograr el desarrollo sostenible propuesto en la Agenda 2030.  

 Hoy, cuando solamente nos quedan 10 años para cumplir este compromiso, en nuestra región hay algunos avances que celebrar y muchos desafíos por resolver. Por ello, debemos acelerar nuestra acciones y cuidar lo ganado, sin dar ni un paso atrás.  

No vivimos un momento fácil. Deudas de vieja data, como la desigualdad y la pobreza, se suman a los grandes temas del siglo XXI como la migración segura, la justicia climática y la democratización digital. Además, libertades políticas conseguidas con siglos de lucha parecen tender de un hilo.  

 Pero también contamos con la fuerza de quienes alzan la voz, exigen y se comprometen a través de la movilización y participación ciudadana. Y con el multilateralismo para resistir a los muros y a los cierres de fronteras.  

 Desde OIJ, queremos relevar el protagonismo de las jóvenes iberoamericanas en este escenario.  

 Queremos mostrar en qué situación viven y qué están luchando.  

Queremos acompañar a los gobiernos en la protección de sus derechos y la implementación del TIDJ.  

Y queremos enfocar una actualidad que se recompone y transforma desde la acción de las nuevas generaciones… 

 … reconociendo lazos políticos entre las que fueron, las que somos y las que serán… 

 A continuación, abordamos compromisos que los países han asumido en 3 temas que hoy son prioritarios para el goce efectivo de los derechos de las jóvenes: salud, violencias y economía.  

1. Salud  

 En 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing definieron como una esfera decisiva de alta preocupación las disparidades, desigualdades e insuficiencias de acceso en atención de la salud. 

Por ello, enfatiza que las mujeres “tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, y que el disfrute de ese derecho es esencial para su vida, su bienestar y su capacidad de participar en todas las esferas de la vida pública y privada”. 

 En este marco, señala que la salud reproductiva es esencial y que ésta “entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.  

 En consonancia, define como objetivo estratégico: Fomentar el acceso de las mujeres durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad. 

Y entre las medidas propuestas para lograrlo incluye:  

• “Proporcionar servicios de atención primaria de salud más accesibles, económicos y de calidad que incluyan la atención de la salud sexual y reproductiva, que comprende servicios de planificación de la familia y la información al respecto”. 

• “Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran importancia para la salud pública”…  

…“Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo”. 

En 2015, la Agenda 2030 incorporó como un Objetivo de Desarrollo Sostenible la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Específicamente, el ODS 5 incorpora como una de sus metas “Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos” de las mujeres, siguiendo lo acordado en la Plataforma de Acción de Beijing.  

Para seguir el cumplimiento de esta meta en los países, propone dos indicadores: 

• Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención de la salud reproductiva.  

• Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres de 15 a 49 años, el acceso a atención de la salud sexual y reproductiva, la información y la educación. 

Para América Latina y el Caribe es importante recordar que, en 2014, 38 países aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acordando 120 medidas para atender 8 temas prioritarios, incluidos la garantía de los derechos de las personas jóvenes y la igualdad de género.  

Entre estas medidas se encuentran:  

• Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad. 

• Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro (…) y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños. 

• Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. 

Finalmente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, vigente desde 2008 y ampliada en 2016 a través de un Protocolo Adicional, reconoce: 

• Artículo 23. Derecho a la educación sexual.  

1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias. 

2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual. 

3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes. 

4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho

• Artículo 8 del Protocolo Adicional, por medio del cual se inserta el siguiente apartado en el artículo 25 de la CIDJ:  

6. “Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes y el acceso a la educación sexual y la salud, la prevención y tratamiento del VIH-SIDA u otras infecciones de transmisión sexual, con especial atención a las mujeres jóvenes y otros grupos particularmente vulnerables”.

2. Violencia  

En 1995, la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing definieron como una esfera decisiva de alta preocupación la violencia contra las mujeres, entendida como: 

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño (…) ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. 

Por ello, enfatiza que la violencia contra las mujeres impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz; viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y es un problema que incumbe a todos los Estados.

En consonancia, define como objetivo estratégico: Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.  

Y entre las medidas propuestas a los gobiernos para lograrlo incluye: 

• Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores; 
• Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos locales para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, incluso recursos para la aplicación de planes de acción a todos los niveles apropiados; 

En 2015, la Agenda 2030 incorporó como un Objetivo de Desarrollo Sostenible la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Específicamente, el ODS 5 incorpora como una de sus metas “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. 

Para seguir el cumplimiento de esta meta en los países, propone dos indicadores: 

• Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más que hayan sido sometidas a violencia física, sexual o psicológica por parte de un compañero de pareja actual o antiguo en los 12 meses anteriores, por tipo de violencia y por edad. 

• Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más sometidas a violencia sexual por personas que no sean su pareja en los 12 meses anteriores, por edad y lugar de ocurrencia. 

Para América Latina y el Caribe es importante recordar que, en 2014, 38 países aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acordando 120 medidas para atender 8 temas prioritarios, incluidos la garantía de los derechos de las personas jóvenes y la igualdad de género.  

Entre estas medidas se encuentran:  

• Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, (…) en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género. 

• Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia. 

Finalmente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, vigente desde 2008 y ampliada en 2016 a través de un Protocolo Adicional, reconoce: 

• Artículo 4 del Protocolo Adicional:  

Esta Convención reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y eliminen todas las formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de género asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, inclusive programas para:   

b) Educar a las personas jóvenes en la igualdad de género, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de género. 

c) Prevenir y sancionar la violencia física, sexual o psicológica contra las personas jóvenes basada en el género, en todos los ámbitos y contextos, independientemente de la persona por la que sea perpetrada. 

3. Economía  

En 1995, la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing definieron como una esfera decisiva de alta preocupación la desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en las actividades productivas y en el acceso a los recursos.  

Por ello, enfatiza que, a pesar de los avances logrados en la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, no ha habido una disminución de su carga de trabajo no remunerado en el hogar y en la comunidad.  

En consonancia, define como objetivo estratégico: Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia.  

Y entre las medidas propuestas para lograrlo incluye: 

• Adoptar políticas para asegurar la protección apropiada de las leyes laborales y los beneficios de la seguridad social a los empleos en jornada parcial y los empleos temporales, a los trabajadores estacionales y a los que trabajan en el hogar, para promover las perspectivas de carrera sobre la base de condiciones de trabajo que concilien las responsabilidades laborales con las familiares;  

• Asegurar que las mujeres y los hombres puedan decidir libremente y en un pie de igualdad si trabajan en jornada completa o jornada parcial, y examinar la posibilidad de proporcionar una protección adecuada a los trabajadores atípicos en lo relativo al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la seguridad social. 

• Asegurar, mediante leyes, incentivos o estímulos que se den oportunidades adecuadas a las mujeres y los hombres para obtener licencias y prestaciones de maternidad o paternidad; promover que la distribución de las responsabilidades del hombre y la mujer respecto de la familia en pie de igualdad, incluso mediante leyes, incentivos o estímulos apropiados, y promover además que se facilite la lactancia a las madres trabajadoras. 

En 2015, la Agenda 2030 incorporó como un Objetivo de Desarrollo Sostenible la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Específicamente, el ODS 5 incorpora como una de sus metas “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”. 

Para seguir el cumplimiento de esta meta en los países, propone un indicador: 

• Proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por sexo, edad y ubicación. 

Para América Latina y el Caribe es importante recordar que, en 2014, 38 países aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acordando 120 medidas para atender 8 temas prioritarios, incluidos la garantía de los derechos de las personas jóvenes y la igualdad de género.  

Entre estas medidas se encuentran:  

• Promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto a la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades.  

• Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las mujeres 

Finalmente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, vigente desde 2008 y ampliada en 2016 a través de un Protocolo Adicional, reconoce: 

• Artículo 20. Derecho a la formación de una familia.  

2. Los Estados Parte promoverán todas las medidas legislativas que garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar y el ejercicio responsable de la paternidad y maternidad y permitan su continuo desarrollo personal, educativo, formativo y laboral.

• Artículo 4 del Protocolo Adicional:  

Esta Convención reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y eliminen todas las formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de género asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, inclusive programas para:  

a) Priorizar el rol de las personas jóvenes sin distinción alguna de género en la participación política y en los centros de decisión a todos los niveles de las funciones de gobierno, de toma de decisiones públicas para el fortalecimiento de la democracia. 

d) Impulsar medidas que promuevan la igualdad de género en los sectores productivos, como así también la organización social del cuidado.

Documentos consultados 

Declaración y Plataforma de Beijing: https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/8/36338/BDPfAS.pdf 

Agenda 2030: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 

Consenso de Montevideo:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf 

Tratado Internacional de los derechos de las personas jóvenes: https://oij.org/wp-content/uploads/2019/01/CIDJ-A6-ESP-VERTICAL.pdf